El ejercicio 2021 ha resultado especialmente relevante para empleadores y autónomos debido a la extensión de múltiples ayudas diseñadas para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria y favorecer la reactivación del mercado laboral. La Orden PCM/1353/2021, publicada en el BOE el 4 de diciembre, desarrolló las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional. Esta normativa actualizó los topes mínimos y máximos de las bases de cotización, además de establecer las modificaciones aplicables a partir del 1 de septiembre de ese año. Comprender estas disposiciones y aprovechar las reducciones disponibles puede suponer un alivio significativo para las cargas patronales y la viabilidad de los proyectos empresariales.
Marco general de las cotizaciones sociales y cargas patronales en 2021
Durante 2021, las empresas y autónomos han debido adaptarse a un entorno normativo en constante evolución. La normativa estableció que el salario mínimo interprofesional quedó fijado en 965 euros mensuales o 32,17 euros diarios, con efectos desde el 1 de septiembre. Este ajuste influyó directamente en los cálculos de las bases mínimas de cotización, puesto que el tope mínimo para las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional se situó en 1.125,90 euros mensuales a partir de esa fecha. Por su parte, el tope máximo de la base de cotización al Régimen General alcanzó los 4.070,10 euros mensuales. Estas cifras han servido de referencia para calcular las aportaciones tanto de trabajadores como de empleadores, marcando así el marco de obligaciones económicas en materia de Seguridad Social.
Tipos de cotizaciones obligatorias para empleadores
Las empresas deben asumir diferentes tipos de cotización en función de las contingencias cubiertas. Para las contingencias comunes, el tipo aplicable desde el 1 de septiembre de 2021 fue del 28,30 por ciento, del cual 23,60 por ciento corresponde a la empresa y 4,70 por ciento al trabajador. Además, existen cotizaciones adicionales para accidente de trabajo y enfermedad profesional, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional. Cada una de estas categorías posee su propio tipo de cotización, que se aplica sobre la base correspondiente. La correcta identificación de estas partidas resulta esencial para cumplir con las obligaciones legales y evitar sanciones. Asimismo, la incorporación al Sistema RED se ha convertido en un requisito indispensable para gestionar de manera ágil y segura las liquidaciones mensuales, facilitando tanto el alta de trabajadores como la aplicación de bonificaciones y reducciones.
Bases y tipos aplicables durante el ejercicio fiscal
La actualización de las bases de cotización a lo largo del año ha tenido un impacto directo en el coste laboral de las empresas. El incremento del salario mínimo interprofesional conllevó ajustes en las bases mínimas, lo que a su vez repercutió en las cuotas a ingresar. Las empresas han debido recalcular sus presupuestos para el segundo semestre del año, tomando en consideración tanto las modificaciones en los topes como las variaciones en los tipos de cotización. Esta dinámica ha exigido una planificación rigurosa, especialmente para aquellas organizaciones con plantillas numerosas o con trabajadores en distintos regímenes de la Seguridad Social. El conocimiento detallado de estas bases y tipos permite optimizar la carga fiscal y aprovechar las oportunidades de ahorro que ofrece la legislación vigente.
Principales ayudas y bonificaciones disponibles para empresas
El Gobierno ha desplegado un conjunto amplio de incentivos orientados a estimular la contratación y la permanencia de trabajadores en el mercado laboral. Estas medidas persiguen reducir el impacto de las cuotas patronales sobre la tesorería de las empresas, especialmente en sectores golpeados por la pandemia. Entre las principales figuras destacan las bonificaciones dirigidas a colectivos prioritarios y las reducciones aplicables a autónomos y pequeñas empresas. La correcta solicitud y aplicación de estos beneficios exige cumplir con una serie de requisitos formales y estar al corriente en los pagos a la Seguridad Social. El impago de cuotas conlleva la pérdida automática de los beneficios, salvo error de la Administración, por lo que la gestión rigurosa resulta crucial para no perder las ventajas obtenidas.
Incentivos para la contratación de colectivos prioritarios
Las empresas que contraten a personas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de inserción laboral pueden acceder a bonificaciones significativas en las cuotas empresariales. Entre estos grupos se encuentran jóvenes desempleados, mayores de 45 años, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y beneficiarios de prestaciones por desempleo. La normativa prevé reducciones que pueden alcanzar hasta el cien por cien de la cuota empresarial durante determinados periodos, en función del perfil del trabajador contratado y del tipo de contrato celebrado. Estas ayudas buscan incentivar la creación de empleo estable y favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral. Para beneficiarse de ellas, las empresas deben acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos y comunicar el alta del trabajador a través del Sistema RED.
Reducciones aplicables a autónomos y pequeñas empresas
Los trabajadores autónomos han contado con un marco de ayudas especialmente amplio durante 2021. La Ley 20/2007 y los Reales Decretos-leyes 13/2022 y 14/2022 contemplan beneficios para autónomos que se encuentren en situaciones específicas. Por ejemplo, aquellos en baja por maternidad o paternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural reciben una bonificación del cien por cien en la cuota por contingencias comunes durante el periodo de descanso. Las trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo tras una baja por maternidad pueden acceder a una bonificación del 80 por ciento de la cuota durante los 24 meses siguientes a su reincorporación. Además, los autónomos que inicien una actividad por cuenta propia pueden disfrutar de una cuota reducida por contingencias comunes y profesionales durante los primeros 12 meses, con posibilidad de extenderla otros 12 meses si los rendimientos económicos netos anuales son inferiores al salario mínimo interprofesional anual. Estas medidas resultan especialmente útiles para impulsar el emprendimiento y reducir la carga financiera en las etapas iniciales del negocio.
Medidas extraordinarias vinculadas a la situación económica de 2021
La pandemia ha obligado a adoptar una serie de medidas excepcionales para proteger el empleo y sostener la actividad económica. El Real Decreto-ley 18/2021, publicado en el BOE el 29 de septiembre, prorrogó los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo vinculados a la COVID-19 hasta el 28 de febrero de 2022. Esta norma contempló nuevos ERTEs por impedimento o limitaciones a la actividad normalizada, estableciendo diferentes beneficios en la cotización a la Seguridad Social en función del tipo de ERTE y de si la empresa desarrolla o no acciones formativas para mejorar las competencias de los trabajadores. Paralelamente, se han habilitado prestaciones extraordinarias por cese de actividad para autónomos y medidas específicas para los afectados por la erupción volcánica en La Palma, demostrando la capacidad de respuesta del sistema ante situaciones de emergencia.
Beneficios fiscales derivados de la crisis sanitaria
Las empresas acogidas a ERTEs han podido beneficiarse de exenciones en las cotizaciones empresariales, cuyo porcentaje varía en función del tamaño de la plantilla y de la realización de acciones formativas. Estos beneficios han supuesto un alivio notable para el mantenimiento del empleo, permitiendo a las empresas afrontar periodos de inactividad o reducción de jornada sin incurrir en el despido de trabajadores. La norma ha exigido, no obstante, el cumplimiento de ciertos compromisos, como la realización de cursos formativos destinados a capacitar a los empleados para los retos futuros del mercado laboral. Este enfoque ha buscado combinar la protección del empleo con la mejora de la empleabilidad, preparando a las plantillas para la recuperación económica.
Exoneraciones y aplazamientos en las cuotas patronales
Además de las bonificaciones aplicables a los ERTEs, las autoridades han puesto en marcha mecanismos de aplazamiento de cuotas para empresas en dificultades. Estos aplazamientos permiten diferir el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, aliviando la presión sobre la tesorería empresarial durante los meses de menor actividad. Sin embargo, es fundamental cumplir con los plazos y condiciones establecidos para evitar la pérdida de los beneficios y la imposición de recargos o sanciones. La correcta gestión de estos aplazamientos exige un seguimiento riguroso de los vencimientos y una comunicación fluida con la Administración. Por otro lado, el Plan MECUIDA, prorrogado hasta el 28 de febrero de 2022, ha ofrecido prestaciones específicas para trabajadores que debían cuidar de familiares afectados por el coronavirus, complementando así el marco de protección social desplegado durante la pandemia.
Cómo maximizar el aprovechamiento de las reducciones fiscales
Para sacar el máximo partido a las ayudas disponibles, resulta imprescindible conocer en detalle los requisitos y procedimientos de solicitud. La falta de información o los errores en la tramitación pueden derivar en la pérdida de beneficios o en la imposición de sanciones. Las empresas deben asegurarse de estar al corriente en sus pagos a la Seguridad Social, puesto que el impago de cuotas conlleva la pérdida automática de los beneficios, salvo que se demuestre un error de la Administración. Además, la incorporación al Sistema RED es un requisito obligatorio para poder obtener o mantener las reducciones y bonificaciones, facilitando la gestión telemática de las altas, bajas y comunicaciones con la Seguridad Social.
Requisitos y procedimientos para solicitar las ayudas
Cada bonificación o reducción posee sus propios requisitos de acceso, que deben cumplirse de manera estricta. Por ejemplo, en el caso de los incentivos para la contratación de colectivos prioritarios, la empresa debe acreditar la pertenencia del trabajador al grupo objetivo mediante la presentación de la documentación correspondiente. En el caso de los autónomos, es necesario demostrar la situación que da derecho a la bonificación, ya sea el inicio de una actividad, la baja por maternidad o paternidad, o la pluriactividad en empresas emergentes. La solicitud debe realizarse en los plazos establecidos, generalmente a través de las plataformas telemáticas de la Seguridad Social. Una vez concedida la ayuda, la empresa o el autónomo deben mantener el cumplimiento de las condiciones durante todo el periodo de disfrute, comunicando cualquier cambio que pueda afectar al derecho a la bonificación.
Errores frecuentes que debes evitar al tramitar beneficios
Uno de los errores más comunes consiste en no verificar el estado de los pagos a la Seguridad Social antes de solicitar una bonificación. El impago de cuotas, incluso por importes menores, puede dar lugar a la pérdida automática del beneficio. Otro fallo habitual es la falta de actualización de los datos en el Sistema RED, lo que puede retrasar o impedir la aplicación de las reducciones. Asimismo, muchas empresas no cumplen con la obligación de desarrollar acciones formativas en el marco de los ERTEs, lo que conlleva la pérdida de las exoneraciones en las cotizaciones. La falta de comunicación de cambios en la plantilla o en la situación de los trabajadores también puede derivar en la revocación de las ayudas concedidas. Para evitar estos problemas, resulta aconsejable contar con asesoramiento especializado y mantener una gestión rigurosa de las obligaciones con la Seguridad Social, asegurando así el aprovechamiento óptimo de las reducciones fiscales disponibles.